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RECTORÍA

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Política para la igualdad y equidad de género

Presentación
La Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como “Pacto de San José de Costa Rica” (aprobada por la Asamblea Legislativa mediante la Ley No. 4534 del 23 de febrero de 1970), establece el compromiso de los Estados Partes “a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Art. 1).

Al aprobar el Pacto de San José, nuestro país se comprometió también con la igualdad entre los sexos y la no discriminación de ninguna índole, lo cual lo obliga a respetar, proteger, garantizar y cumplir ese derecho. El derecho a la igualdad implica el cumplimiento del principio de no discriminación, el principio de responsabilidad estatal y el principio de igualdad de resultados.

Asimismo, el Estado costarricense aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Ley N° 6968, 11-01-1985), la cual reconociendo la histórica desigualdad que han sufrido las mujeres, permite establecer medidas especiales de carácter temporal o acciones afirmativas para acelerar el logro de la igualdad entre mujeres y hombres (Art. 4). También le exige a los Estados.

Parte tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales y los estereotipos, así como eliminar los prejuicios y las prácticas culturales que estén basadas en ideas sexistas (Art. 5).

Si bien los gobiernos pueden restringir la  mayoría de los derechos legítimamente,  hay ciertos derechos que nunca pueden ser  restringidos, aunque se justifique como una  necesidad para el bien público. Estos son el derecho a no ser sometido a torturas, ni a la esclavitud, ni a la servidumbre; el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la igualdad y a la no  discriminación. La igualdad trae consigo obligaciones legales para los Estados. La igualdad exige eliminar las desigualdades y discriminaciones que existen contra las mujeres.

La gran innovación introducida por la doctrina  de los derechos humanos, es haber hecho del principio de igualdad una norma jurídica. Esto quiere decir que la igualdad no es un hecho, sino un valor  establecido precisamente ante el reconocimiento de la diversidad humana  (Facio, 1997). Proteger un derecho significa promulgar las leyes y crear los mecanismos para prevenir o denunciar su violación.  Cumplir o garantizar un derecho significa adoptar las medidas necesarias y crear las instituciones y los procedimientos, así como la distribución de recursos, para permitir que las personas históricamente  discriminadas puedan gozar de ese derecho.

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